IGNATIEFF, Michel; El mal menor. Ética política en una era de terror, Taurusl, Madrid 2005, 286 pp.

por Carlos Ortiz de Landázuri

Michel Ignatieff en El mal menor ha defendido la posibilidad de resolver los dilemas éticos originados por la visualización mediática del terror con posterioridad al 11-S de 2001, mediante una ética y una política preventiva capaz de proponerse dos fines aparentemente antitéticos: a) la compatibilidad de la suspensión en el ejercicio de alguno de los derechos y libertades públicas con el mantenimiento de una normalidad democrática, que incluye ahora también el posible control que a este respecto le corresponden a los medios de comunicación de masas; b) la justificación del recurso a la violencia en virtud del principio de una legítima defensa y de la doctrina del mal menor, siempre y cuando los medios de comunicación de masas garanticen la publicidad y transparencia de todo este proceso. En su opinión, el principio ético del mal menor exige que cualquier intervención de los poderes públicos reúna tres rasgos característicos, a saber: 1) la justificación de ese inevitable mal menor; 2) la temporalidad de la suspensión en el ejercicio de los derechos civiles en un plazo prefijado de antemano; y 3) el control democrático público a través de los medios de comunicación de masas. En su opinión, la doctrina del mal menor es una herramienta del derecho constitucional de eficacia probada a lo largo de la historia de las instituciones políticas, y que sigue ofreciendo un futuro esperanzador a la hora de abordar el horizonte incierto y hostil que nos amenaza.

Para justificar estas conclusiones se defienden seis tesis: 1) La democracia y el mal menor reconstruye la larga historia del recurso al principio de legítima defensa frente a una violencia ilegítima por parte del derecho constitucional de las democracias liberales; 2) La ética de la emergencia analiza los pros y contras de la suspensión de los derechos civiles en determinadas situaciones límite, siempre y cuando se conciban como un mal menor inevitable que se debe justificar, y que tampoco excluye el necesario control democrático por parte de los medios de comunicación de masas; 3) La debilidad de los fuertes analiza el dilema generado en este tipo de situaciones de emergencia entre la seguridad que busca la mayoría y la privación de libertades que perjudica a determinadas minorías, aunque al final sea la propia vida democrática la que se degrada en ocasiones de forma irrecuperable; 4) La fortaleza de los débiles analiza el dilema que ahora se origina cuando se utiliza el principio de legítima defensa para justificar el recurso al terrorismo como si fuera el último medio que aún les queda a los verdaderamente oprimidos para defender sus derechos, sin que la sinrazón de unos primero pueda esgrimirse a favor del feroz egoísmo de los otros; 5) Las tentaciones del nihilismo analiza el círculo infernal de la violencia hacia la que puede derivar la lucha antiterrorista provocada a su vez por el terrorismo, salvo que se haga un uso inteligente de la ética preventiva del mal menor ahora expuesta; 6) Libertad y apocalipsis analiza la aplicación de una ética preventiva de este tipo en un futuro escenario en donde los terroristas poseyeran armas de destrucción masiva de fácil elaboración hoy día, con una única conclusión posible: acabaría proporcionando nuevos argumentos a favor de la doctrina del mal menor antes descrita frente al mal mayor que ahora supondría una amenaza de este tipo.

Para concluir una reflexión crítica. Evidentemente el principio de legítima defensa y de la doctrina de mal menor como escudo autoprotector ha tenido muchas aplicaciones a lo largo de la historia, incluido su uso para justificar el estado de excepción y la dictadura, como fue el caso de Carl Schmitt entre otros. Otros han recurrido a esta misma doctrina para legitimar la democracia liberal como si se tratara de un mal menor o una dictadura encubierta que se justificar como el sistemas de gobierno menos malo al menos para la mayoría. Evidentemente ahora Ignatieff no pretende llegar tan lejos, sino más bien utilizar este tipo de propuestas para justificar una suspensión puntual de los derechos civiles y libertades públicas en la sociedad democrática americana contemporánea y reflexionar sobre las posibles consecuencias que se podrían derivar. No cabe duda que esta ha sido la estrategia seguida por Busch en su respuesta al 11-S, y las ventajas y desventajas que ha traído son conocidas por todo el mundo, sin que merezca la pena entrar en nuevas polémicas. En cualquier caso sus propuestas dejan un interrogante sin plantear que, sin embargo, debería ser el que aparentemente más le debería haber interesado: ¿Qué grado de responsabilidad han contraído los medios de comunicación de masas con el efectivo control de este mal menor generado por la visualización del terror en determinados momentos de suspensión de las libertades civiles que la sociedad democrática ha vivido con posterioridad al 11-S? En cualquier caso al profesional de la información le corresponde dar una respuesta imaginativa a estas situaciones excepcionales de emergencia, sin que haya de momento un código escrito de seguimiento obligado, ni un control político externo que garantice su buen uso. Quizás esta sea la principal enseñanza que nos quiera trasmitir Ignatieff.

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